LA GREMIAL BATALLA EN CAUSAS DIFERENTES
TODAS CONECTADAS POR LUCHAS DE RESISTENCIA CONTRA EL MISMO ENEMIGO.
DOS DETENIDOS EN LAS ÚLTIMAS HORAS Y UN JUICIO ORAL.
Y SIEMPRE A PREPOTENCIA DE TRABAJO.
Una joven colega nuestra acuñó una frase que suele guiar lo que hacemos. Ella decía que la Gremial avanza siempre “a PREPOTENCIA de trabajo”.
Y así como recibimos alegrías por victorias que parecen cada vez más imposibles, también recibimos golpes duros que nos propinan operadores judiciales –jueces, fiscales y camaristas– que juegan con cartas propias y con reglas que cada vez más inclinan la cancha hacia la arbitrariedad del poder y la ausencia de toda garantía para quienes caen bajo sus mandatos y decisiones.
Pero no es cuestión de quejarse o aullar a la luna, sino de seguir.
Porque no olvidamos que no somos nosotros sino nuestros defendidos los que sufren y pagan las consecuencias de estas estructuras siniestras del poder.
Algo de estas reflexiones tiene que ver con algunas causas relacionadas con defendidos antifascistas y/o acusados de hechos de violencia en las protestas de los últimos meses contra el obsceno espectáculo de destrucción de derechos que cotidianamente pone en escena el Congreso de la Nación.
Desde un pibe antifascista acusado por la ex Ministra de Seguridad de “amenazas de muerte e intimidación pública”, hasta jóvenes acusados de hechos violentos en sucesivas movilizaciones.
En todos los casos, con duras acusaciones que implicarían, de prosperar, altas penas de cárcel.
En casi todos los casos, además, con las fiscalías pretendiendo que se apliquen los agravantes de la llamada ley antiterrorista y/o alguna figura de asociación criminal en el mismo sentido.
Pudimos lograr la libertad de varios de ellos con mucho esfuerzo y casi siempre en las instancias superiores de apelación.
ACERCA DE ENEAS GALLO:
Ahora tenemos a este compañero, que fue detenido –después de una investigación con un notable despliegue técnico-científico, seguimientos y utilización de las «fuentes abiertas» (redes sociales), entre otras– por los incidentes del 11 de febrero durante la consagración de la ley de reducción a la servidumbre.
El juez “de garantías” de la Ciudad de Buenos Aires entendió que, al menos en esta etapa, no requiere la precisión probatoria de un juicio para privar la libertad, sin certeza y solo como algunas compatibilidades el juez consideró que Eneas fue partícipe y autor de los hechos de violencia que se le imputan y, en función de eso, le dictó prisión preventiva y negó la excarcelación: invocando “peligro de fuga” por la amenaza de una alta pena y “falta de arraigo suficiente”.
Respecto a la cuestión del arraigo, es relevante decir que argumentó que los informes técnicos indicaron que las antenas de telefonía celular detectaron que Eneas se movía entre dos lugares, uno en Barracas y otro en General Rodríguez, y que, además, trabaja para una de las aplicaciones de reparto de compras, lo cual se considera un trabajo que no implica ni permanencia ni compromiso.
Está claro que, en la Argentina, ni los pobres ni los mapuche tienen arraigo para los tribunales. Arraigo solo tienen los ricos, como Pepín Rodríguez Simón, el ex asesor de Mauricio Macri (jefe de todo el sistema judicial porteño), que puede estar prófugo en Uruguay más de tres años, presentarse e irse como Pancho por su casa.
¿QUÉ TIENE QUE VER TODO ESTO CON LAS CAUSAS CONTRA LOS MAPUCHE?
Creer que hay que separar unos presos de otros, o considerar que se puede pedir o movilizar por cada uno por separado, es para la Gremial, lo repetimos, un grave error que todos pagaremos muy caro.
Los mismos que reprimen y criminalizan a un protestante contra una ley o a un joven antifascista son también los que hacen lo mismo con un rebelde mapuche o con quien luche por cualquier medio.
Y la Gremial viene advirtiendo que el trato que los operadores judiciales propician a los mapuche es, de alguna manera, modelo o “testeo” de prácticas judiciales que cada vez más se aplican a los crecientes conflictos sociales: lo que hemos calificado como “derecho penal del enemigo”.
Con la observación de que las leyes penales que el Congreso continúa alegremente creando demuestran que el enemigo es toda la sociedad o, más precisamente, los sectores sociales que abarrotan las cárceles argentinas y las seguirán abarrotando, por más que el negocio inmobiliario-carcelario siga expandiéndose.
Un caso emblemático es el de Luca Dade Vera, detenido desde ayer en Bariloche.
Este jovencito mapuche concurrió a ser atendido por la Machi Betiana Colhuan en la Comunidad Lafken Winkul Mapu (donde mataron por la espalda a Rafael Nahuel en 2017).
Esa comunidad fue arrasada en 2022 por las fuerzas federales a cargo del ministro de seguridad Aníbal Fernández, durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, con un nivel de represión y salvajismo extremo, como se ha acreditado.
Esa represión fue denunciada pero nunca investigada por el poder judicial, pero los que sí resultaron condenados por usurpación en distintas instancias fueron miembros de la comunidad e incluso pacientes de la machi.
El DNI de Luca había quedado en la comunidad y eso bastó para que se le pusiera orden de captura y, a pesar de nuestros intentos, no se le concediera la eximición de prisión.
Ahora, muchos años después, lo detienen solo por la existencia de ese DNI y, por ahora, a pesar de nuestro trabajo, no hemos conseguido liberarlo de los jueces y fiscales que no muestran señales de darle la prioridad que una persona detenida significa.
Es que, desgraciadamente, justo le tocó el fin de semana largo y, seguramente, las reservas ya estaban hechas.
Otro caso similar es el de Juan Pablo Colhuan, también de la Comunidad Winkul Mapu.
Con él estamos realizando la defensa en el juicio oral y público que comenzó el miércoles 18 y se prevé que termine el jueves 26.
Juan Pablo está acusado por una usurpación y, si fuera condenado, podría solamente tener una pena en suspenso. Sin embargo, está preso desde octubre del año pasado por cuestiones de agenda del tribunal y la fiscalía; y el juicio que debía terminar este viernes se prolonga porque los testigos de la fiscalía (incluida la supuesta víctima de las amenazas en la supuesta usurpación) han demostrado ser tan truchos que han tenido que recurrir a otros llamados de urgencia a último momento.
NO TODO ES ÉPICO
El trabajo que llevan adelante nuestros compañeros y compañeras colegas se desarrolla entre las peores miserias humanas.
Enfrentando un sistema judicial acorde al sistema de poder que está llevando al mundo, y a nuestro país en particular, a una catástrofe colosal.
Y a funcionarios ciegos a todo ello; ciegos a todo lo que no sea sus carreras profesionales, que les requieren ser ejecutores de un poder que ya ha dejado de preocuparse por tener o aparentar legitimidad alguna y, cada vez más, solo se reduce a eso: ser un mero despliegue de poder.
Respetamos a colegas y organismos que aún creen en las leyes de la explotación.
Pero, con toda sinceridad, nosotros creemos que las vemos como realmente son y no como pretenden ser.
Y por lo tanto tampoco las respetamos.
Valoramos los triunfos que logramos. No nos haremos los humildes, pero tampoco nos consideramos más que abogados defensores.
Pero todos y todas deben saber en qué campos se liberan semejantes batallas.